El “pirateo”, la venta y uso de semilla ilegal impacta el desarrollo del rubro papero
Más del 95% de las variedades de papas que se han desarrollado en el mundo tienen su punto de partida en Chile. Su base está en la papa Púrpura casposa, originaria de la Isla de Chiloé.
Con más de 44 mil hectáreas distribuidas entre Coquimbo y Los Lagos es el cuarto cultivo en superficie del país. Su producción se concentra entre el Bío Bío y Los Lagos, zona que representa el 66% de la superficie nacional.
El consumo de papa en Chile ha estado en torno a los 50 kg/habitante al año. Se trata de un alimento nutritivo con múltiples vitaminas y minerales relevantes para la dieta humana y proteínas de buena calidad. Además, es el cuarto cultivo más importante del mundo después del arroz, trigo y maíz y ha sido reconocido internacionalmente por su contribución a la seguridad alimentaria.
Todos estos puntos no hacen más que confirmar la categoría de este tubérculo en el país y el mundo. Así lo recalca Luis Miquel, presidente del Consorcio Papa Chile.
“Sin duda es uno de los cultivos anuales más frecuentes y con mayor superficie, pero su mayor relevancia está dada por su importancia estratégica para la alimentación de los chilenos y el potencial de rendimientos que se pueden obtener al manejarse bien, dadas las condiciones agroclimáticas y por tratarse de una especie cuyo subcentro de origen es el sur del país”, dice.
NUEVAS VARIEDADES
Más de 200 variedades nativas se contabilizan en Chile; sin embargo, pese al rico germoplasma que existe en el territorio la producción y comercialización de papas se sustenta en la introducción de material desde el extranjero. En la actualidad, hay 40 variedades de papas inscritas en el Registro de variedades protegidas, de ellas solo ocho han sido creadas en Chile, el resto ha sido traído desde Alemania 10, Estados Unidos 2, Irlanda 3, Países Bajos 16 y Uruguay 1.
Roberto Pérez, encargado regional de Semilla del Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos, sostiene que la creación de variedades en el país no ha aumentado mucho, lo que se está realizando -dice- es importar material y protegerlo.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha generado 13 variedades en su historia, todas ellas con altos rendimientos y cada vez menos demandantes de insumos y en lo posible resistentes a enfermedades. A este trabajo se suman otros esfuerzos, como el del fitomejorador Boris Contreras, actual presidente de la Asociación Chilena de la Papa (Achipa) y quien desarrolló las variedades Trauko, Kaia y Adara, las cuales están en el Registro de variedades aptas para Certificación.
El mejoramiento genético y la creación de nuevas variedades -reconoce Luis Miquel- es una tarea elemental para el futuro de este cultivo y de la agricultura en general; sin embargo, este trabajo podría verse truncado por la venta y uso de semilla ilegal o pirata.
“El proceso de desarrollo de variedades no es todo lo rápido que se necesita y las reacciones son más lentas de lo debido. Se está haciendo un gran esfuerzo conforme a los recursos disponibles, pero al no respetarse la propiedad de las variedades generadas se hace imposible invertir con más fuerza en este ámbito”, dice.
Ricardo Pérez del SAG confirma que la oferta de variedades protegidas para semilla sin autorización ha ido creciendo en el último tiempo. “Una de las estrategias utilizadas para vulnerar los derechos del obtentor es usar el nombre de variedades libres para ocultar el verdadero”, asimismo advierte que una herramienta a favor del “pirateo” es el comercio informal a través de anuncios web o las redes sociales.
Sin duda la multiplicación de semillas de manera ilegal y su posterior venta amenaza la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) limitando el acceso a nuevas variedades más productivas, resistentes al cambio climático o enfermedades e incluso con más propiedades benéficas para el organismo, las que podrían ser desarrolladas con material genético disponible en suelo chileno, por investigadores nacionales y acorde a las necesidades del mercado y de los mismos productores.
“Es muy difícil invertir recursos en algo que no produce los retornos necesarios para seguir financiando desarrollos y muchas veces ni siquiera cubre el costo de lo invertido. Quienes se oponen a la propiedad de las semillas nuevas, distintas, homogéneas y estables, en las que se ha invertido mucho tiempo y recursos, no se dan cuenta que en el fondo matan la investigación y desarrollo nacional. Finalmente nos dejarán en manos de los productos traídos de países que sí se preocupan de esto y, por tanto, potencian sus propios desarrollos”, recalca Miquel.
Enrique Stange, jefe nacional de Producción y Comercialización de Insumos Tecnológicos de Inia, sostiene que el resguardo de la propiedad intelectual asociada a las nuevas variedades que se liberan es fundamental, ya que eso permite financiar los programas de mejoramiento en el tiempo. La creación de una nueva variedad es un proceso que tarda entre 12 y 15 años. Hoy día con nuevas tecnología es posible reducir en parte esos plazos, pero nunca menos de 10 años
“La producción de semilla pirata no solo afecta los ingresos, porque no paga royalties, sino tambien impacta en la producción, ya que se trata de semilla que se produce muchas veces sin respetar estándares productivos y sanitarios que terminan afectando la productividad de quien la utiliza. Es difícil determinar el costo que representa, porque como se indica no sólo compromete los ingresos de los programas de mejoramiento sino que afecta la producción”, explica.
El pirateo -advierte Stange- es algo muy rápido en el tiempo. “Basta con sacar una nueva variedad al mercado y desde el primer año es posible producir semilla pirata a partir de una primera producción comercial. De ahí el esfuerzo que se debe realizar desde el primer día para tratar de proteger, en la medida de lo posible, la nueva variedad. En ello, sin lugar a dudas, también el SAG juega un rol importante en el resguardo de la Proriedad Intelectual”, aclara.
Boris Contreras, presidente de Achipa, recalca que el impacto de la compra y venta de semilla falsa se puede homologar con la venta de libros piratas. “Es como si yo tomara un libro, lo fotocopiara a color y lo pusiera a la venta en las calles. Es el mismo efecto, el mismo daño. Generar una variedad en Europa significa alrededor de un millón de euros y 10 años de trabajo. En Chile puede significar 150 millones de pesos y la forma de recuperar ese dinero es via licenciamiento. Ese es el negocio de las casas de semillas, invertir tiempo y dinero en algo que le sirva a alguien y ese alguien debe retribuir el trabajo del investigador”, asevera.
Contreras advierte que de masificarse el pirateo, las casas de semillas no van a estar interesadas en abastecer al país con nuevas variedades y eso podría significar no estar preparado para los cambios que se están generando en el mundo, como el aumento de enfermedades por cambio climático o por la mejora en eficiencia que puede tener las variedades nuevas. En resumen el agricultor se volverá menos competitivo. “Usar semillar piratas es un daño que le hace el productor al desarrollo de la agricultura”,enfatiza.
ESTATUS SANITARIO
El uso de semillas ilegales también pone en riesgo el estatus fitosanitario de este cultivo, en especial de la zona sur, territorio que desde la Provincia de Arauco, en el Bío Bío, a Magallanes ha sido declarada como una zona libre de enfermedades cuarentenarias y, esto permite que en este territorio se desarrolle la producción de semillas certificadas para el mercado nacional y también para exportación.
“Indudablemente la llamada “zona libre” sufre los embates de plagas y enfermedades, algunas de ellas cuarentenarias, por la falta de responsabilidad de muchos actores de la cadena de la papa, que transportan tubérculos enfermos, los comercializan y terminan plantándose, transformándose en un vector muy difícil de controlar y que amenaza seriamente la condición sanitaria que aún ostentamos”, recalca Luis Miquel.
El gerente del Consorcio Papa enfatiza que lo peor es que muchas veces quienes infringen esta norma “lo hacen consciente e impunemente y muchas veces son personas con un largo historial en el cultivo”.
EL FRENO A LA SEMILLA ILEGAL
El uso de semilla ilegal, de origen desconocido o pirata es uno de los grandes problemas que enfrenta la industria semillera en Chile. Se trata, según precisó Mario Schindler, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Semillas (Anpros), de una práctica muy extendida en determinados rubros, entre ellos, el de la papa.
Schindler precisa que por ser ilegal es un fenómeno sin registros oficiales; sin embargo, se estima que el uso de semilla que ha sido adquirida por los canales formales, que tiene un respaldo adecuado de como ha sido producida, que tiene trazabilidad y que se produce bajo los estándares de calidad que requiere la agricultura nacional fluctúa entre el 19 al 35% dependiendo de la temporada, el resto tiene un origen desconocido.
“El porcentaje de semillas que se compra a través de los canales formales, ya sea corriente o certificada, oscila entre el 19 al 30 y 35% dependiendo de la temporada. Esto quiere decir que tenemos un porcentaje que va entre el 80 y el 65% de la semilla que tiene un origen desconocido”, dice el director ejecutivo de Anpros, quien aclara que si bien se trata de un número alto no se puede decir con certeza cuánto corresponde a semilla pirata.
“Hay un porcentaje importante de uso propio, pero sin lugar a dudas el que exista un alto número de semilla de origen desconocido significa que hay una cantidad importante proveniente del pirateo de semillas con todos los grandes problemas y perjuicios que causa a la agricultura chilena y, muy en particular, a los productores paperos”.
Schindler confirma que una vez que una variedad nueva comienza a comercializarse es rápidamente replicada y puesta a la venta en el mercado negro entre los agricultores como material de reproducción que en la mayoría de los casos ni siquiera es el producto que se ofrece.
“Enfrentamos diversos problemas que hacen que el control del comercio ilegal sea extremadamente difícil. Estos parten de una legislación que es bastante antigua en relación a la protección de los derechos de los obtentores”, dice Schindler.
El director ejecutivo de Anpros sostiene que la Ley 19.342 que establece los derechos de los obtentores vegetales debe ser perfeccionada. Esto en beneficio de la agricultura nacional.
“Se hace necesario adherirnos al Acta de La Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 91. Chile está adherido al acta de 1978 y la verdad es que no permite tener un control muy eficiente y eficaz en la protección de los derechos de los obtentores. En cuanto al pirateo existen pocos recursos a nivel general para poder hacer frente a este problema. Es de difícil control, a todo nivel, desde la fiscalización que tiene que efectuar el SAG a través de su División de Semillas y su unidad de Comercio de Semillas, pero que obviamente trabaja con pocos recursos”, recalca.
Schindler reafirma que desde la Asociación están conscientes de que no se le puede responsabilizar sólo al SAG en este tema “Se trata de una responsabilidad país y todos tenemos nuestro rol. Yo diría que hay una gran deuda a nivel legislativo y se hace necesario avanzar en nuestra legislación vinculada a la protección de los derechos de los obtentores vegetales. Nos urge contar con una ley moderna basada en UPOV 91, un tema que se ha venido discutiendo en los últimos 20 años”.
Al respecto, Enrique Stange, precisa que “ciertamente la actual normativa o legislación resulta insuficiente para resguardar la propiedad intelectual. Es importante avanzar en la implementación de UPOV 91 que fue aprobada por el Senado en mayo del 2011, pero que aún no se implementa, ya que esta normativa internacional establece reglas más claras que permiten una mejor observancia de la Ley al momento de detectar y combatir la piratería”, dice.
Adherir al UPOV 91, complementa Schindler, permitiría contar con plazos de protección más amplios para las variedades que son protegidas. Se podría ejercer un mayor control no sólo sobre el material de reproducción, sino que también del material de cosecha, lo que sería -a su juicio- “una manera sumamente potente de amplificar las posibilidades de control del comercio ilegal y también eventualmente discutir algunos temas vinculados con el uso de semilla propia. Nuestro Comité de la Papa está consciente de que hay que conversar y entender la realidad del país y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes”.
Otro tema importante a discutir es la cantidad de recursos con los que cuenta el Servicio Agrícola y Ganadero para ejercer las labores de fiscalización y control. “El SAG realiza todos los esfuerzos que están en sus manos, pero las condiciones de ejercer un real control del pirateo es muy difícil, porque cuenta con recursos limitados para incrementar distintas estrategias de control”.
También se propone otras labores que están vinculadas a la educación en los que se involucre a los agricultores, centros académicos y empresas de manera de ir generando conciencia de que: “cuando un productor compra semillas de origen desconocido puede tener un ahorro en el corto plazo, pero que en el fondo es pan para hoy y hambte para mañana, por que los perjuicios son muy grandes”.
Agrega que: “se debe generar conciencia de la necesidad de usar semillas de la más alta calidad posible, porque eso se va a traducir en mejores rendimientos, semillas y cultivos sanos, además de menor dispersión de enfermedades”, recalca.
PRODUCCIÓN DE PAPA SEMILLA DE EXPORTACIÓN
La papa es un producto esencial en la dieta de los habitantes de la región de Los Lagos y un cultivo que está fuertemente arraigado en el territorio. Una de cada cuatro hectáreas de papas cultivadas en el país pertenece a Los Lagos.
“En la última temporada se alcanzaron 10.602 hectáreas de superficie de papa sembrada a nivel local, siendo además el territorio que obtiene mejores rendimientos, un 56% superior al promedio nacional que se sitúa en 28 toneladas por hectárea, sostiene el seremi de Agricultura de Los Lagos, Eduardo Winkler.
La región cuenta con un alto potencial para la producción de semillas certificadas; sin embargo, es bastante común el uso de semillas de origen desconocido. Al respecto, Winkler, sostiene que la informalidad de la actividad papera es un escenario que como Ministerio de Agricultura quieren revertir.
“En este ámbito estamos realizando un fuerte trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) para visibilizar las ventajas que tiene su uso de semilla certificada y para eso estamos capacitando constantemente a los productores, recordando la inscripción obligatoria de los predios productores y, por su puesto, fiscalizando que esto se cumpla”, dice.
El secretario ministerial enfatiza en que el uso de semilla de origen desconocido pone en riesgo el estatus sanitario de la región como Zona Libre de Enfermedades Cuarentenarias.
“Cada vez que se detectan estas plagas hay enormes pérdidas de rendimiento que impactan la producción. Por tal razón, mantenemos una vigilancia constante para evitar que estos focos se dispersen y dañen este estatus, que entre otras cosas nos permiten exportar semillas desde la región”.
También recalca la necesidad de hacer un cambio cultural. Para ello -advierte- que es fundamental educar sobre las ventajas del uso de semilla legal, los atributos de las distintas variedades, para qué sirven y cómo reconocerlas. “En base a un mayor conocimiento tanto de productores como consumidores podemos hacer un cambio real e incentivar la producción de semillas”, concluye.
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